Argentina 2019: el financiamiento de la política en el foco de atención pública

Luego de los escándalos de los cuadernos y de los aportantes apócrifos en la provincia de Buenos Aires existe un terreno fértil para que los públicos ciudadanos exijan, de cara a la próxima campaña presidencial, un debate serio entorno a un sistema de financiamiento de la política más equitativo, eficiente y auditable. Voy a mostrar a continuación por qué razón tanto candidatos, políticos y partidos no sólo tienen que hacerse a la idea de que equidad y eficiencia sólo son posibles con transparencia, sino que, además, tienen que tomar en cuenta que la equidad ya no parece ser un sinónimo indiscutible del financiamiento público.

La relación entre dinero y democracia recorre toda la historia democrática. Por supuesto que dinero representa todas aquellas manifestaciones de recursos materiales e intangibles que pueden usarse para inyectar recursos en las organizaciones políticas que lo requieran. Esta relación es particularmente relevante para el régimen democrático, puesto que éste es el único régimen de gobierno que se funda en la idea de que la política debe regular el dinero para garantizar el equitativo peso político de todos los ciudadanos en las decisiones públicas. Dicho de una manera simplificada, pero también burda, la democracia tiene que impedir que los que tienen dinero lleguen a gobernar sólo porque tienen dinero. Puesto en positivo: ¿cómo hacemos en un régimen democrático para que los que no tienen dinero cuenten con el financiamiento necesario y justo para acceder a la contienda electoral en igualdad de oportunidades?

Este asunto, crucial para las democracias contemporáneas, ha recibido el nombre de financiamiento de la política o, más específicamente, financiamiento de los partidos políticos. La pregunta práctica es: ¿cómo creen los ciudadanos que deben financiarse los partidos políticos? Lo que no sólo implica preguntarse quién debe financiarlos, sino si el financiamiento debe desdoblarse entre partidos y candidatos y más compleja aún: entre partidos, candidatos y políticos ya en funciones (p.e. los fondos que tienen disponibles en muchas democracias los diputados y senadores para ejercerlos en “actividades políticas”).

En la actualidad, con excepción de Bolivia, todos los países latinoamericanos reciben financiamiento público (es decir, de los contribuyentes). Muchos reciben un financiamiento de manera regular y además en los períodos electorales (Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Honduras, México, Panamá y Paraguay). Por otra parte, algunos sólo de manera regular (Brasil, Costa Rica, Guatemala, Perú y Uruguay) y en otros casos sólo en las campañas electorales (El Salvador, Nicaragua y Venezuela).

Esto muestra, entre otras cosas, que las democracias de la región entienden que los partidos políticos son una especie de bien público, es decir, se requiere financiarlos con el erario para garantizar un mínimo de equidad y eficacia. Entendiendo a esta última como un umbral aceptable de diversidad de puntos de vista y representación en el Congreso. Sin embargo, hay indicios que nos conminan a reflexionar sobre la cómoda identificación entre bien público y financiamiento público. Veamos.

En el año 2008, según datos proporcionados por las encuestas de Latinobarómetro, un 54.33% de los ciudadanos encuestados en Argentina manifestaron su acuerdo por tener un sistema de financiamiento público de los partidos políticos. En 2016 las preferencias se invirtieron. Un 50,96% de los ciudadanos expresaron que estaban de acuerdo con un sistema privado de financiamiento (sólo 27,14% siguió prefiriendo un sistema público de financiamiento). 

 

Dado que los ciudadanos argentinos tienen una firme creencia acerca de que los partidos políticos son necesarios para la democracia, el asunto que muestra el anterior cambio de preferencias requiere analizarse desde la perspectiva de la transparencia. Desde fines de siglo pasado hasta ahora casi el 70% de los ciudadanos argentinos creen que sin partidos no puede haber democracia, signo inequívoco que los partidos son un bien público. Pero también casi un 80% manifiesta que tiene, al menos, poca confianza en ellos.

Lo que los públicos ciudadanos están manifestando, y por tanto requiriendo, es un sistema de financiamiento que sea auditable y transparente, al tiempo que los privados tengan la posibilidad de financiar a sus candidatos y partidos de preferencia. Lo que están diciendo, en definitiva, que la retórica del financiamiento público no ha sido garantía de transparencia, tampoco de eficiencia. ¿En la campaña presidencial del 2019 tendremos la capacidad para discutir públicamente un moderno sistema de financiamiento que no sólo asegure equidad y eficacia, sino, fundamentalmente, transparencia?

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