¡Ay Argentina! Todos te quieren, pero quién te cuida.

La corrupción (política) siempre irrumpe en la opinión pública como un escándalo, sin embargo, su procesamiento institucional (político) debe abandonar la tarima del espectáculo para adentrarse en la reflexividad propia del juicio político. Si esto no sucede, estamos condenados a participar en un espectáculo perpetuo con ribetes tragicómicos.

Muchos ciudadanos, entre los que me incluyo, piensan que entre la presentación pública (es decir, como espectáculo) de aquello corrompido y la judicialización (el largo proceso que debería conducir a un juicio y su sentencia) tiene que haber lugar para un debate reflexivo, que por su naturaleza y alcance no puede obviar al Congreso Nacional. Este debate no tiene que darse sobre lo corrompido en sí mismo, sino sobre la ruta crítica que permitió que unos actores en un momento determinado del tiempo encendieran los reflectores e iluminaran el aspecto público carcomido por la corruzione.

La forma de aparecer de la corrupción es el escándalo y no hay escándalo sin (nueva) información. Nada podría ser más cierto, pero no lo es menos que la información es costosa tanto en dinero, como en tiempo. Los datos, materia prima de la información, aún en el caso de una relación privado-privado (como puede ser un informante con un periódico) involucra “datos” cuya manufactura y resguardo están en manos de instituciones públicas, de lo contrario tendríamos que admitir que sólo se trataría de un ajuste de cuenta entre privados.

Cuando aparece un nuevo y magnánimo hecho de corrupción, de esos que el escándalo sacude nuestros cimientos compartidos, sería deseable que el debate reflexivo (el juicio político propiamente dicho) no se concentrara sobre quién aportó los datos, sino sobre una pregunta mucho más importante: la validez pública de los mismos, sobre los actores involucrados en su manipulación y resguardo, sobre la cadena de responsabilidades y rendición de cuenta en el manejo de la información pública. Esto ayudaría a que los ciudadanos de a pie, como Usted y como yo, podamos razonar basándonos en evidencias, antes que de la mano de teorías conspirativas.

En Argentina este espacio reflexivo no existe. ¿Debería existir? Creo que sí. ¿Puede? Dependerá de nosotros, nuestros intereses y nuestras preferencias. Hace muchos años existió en economía un rico y profundo debate sobre la educabilidad en gustos y preferencias, trasladando ese debate a mi argumento quedaría así: ¿podríamos cambiar nuestras preferencias sobre la corrupción como espectáculo? Sobre esto quiero hacer la siguiente reflexión.

Hace muchos años el gran Michel Foucault sorprendió a sus lectores con un análisis muy sugestivo: la institución de la parresía. Simplificando, el parresiastés es aquella persona que se ve obligada a decir la “verdad” aún si esto supone poner en peligro su propia vida. Seguramente a Usted se le vino a cabeza algún que otro parresiastés. La autoproclamada “fiscal de la república” parece haber cumplido, en más de una ocasión, dicho rol; pero también el que firma la columna de contratapa en prestigioso matutino. Hay muchos, en distintos grados y con mayor o menor exposición pública según las coyunturas. Lo que quiero enfatizar es que en nuestra sociedad la corrupción política está moldeada por la figura del parresiastés, él ha educado nuestros gustos y preferencias. Y sus consecuencias están a la vista.

La diferencia entre un parresiastés y la discusión pública (reflexiva y ventilada en el Congreso) consiste, entre otras cosas, en que al primero hay que creerle porque nos parece sincero o porque su “verdad” interpela directamente nuestras creencias, mientras que lo segundo desnuda una verdad menos verdadera, puesto que será una verdad intersubjetiva, pero incrementa el vector informativo sobre las motivaciones e intereses de los actores involucrados (la trama política que acolchona el sentido y horizonte de la corrupción).

Las instancias de discusión pública en el Congreso sobre los “datos” que otorgan horizonte y entidad a los hechos de corrupción son vitales para una democracia, si bien dicha instancia parece necesaria cuando esos datos parecen ser filtrados de manera dudosa, resulta mucho más imprescindible en situaciones cuando ciertas instituciones del Estado parecen “escupir” información a diestra y siniestra.

Detrás de toda denuncia de corrupción (el soporte del escándalo) hay una costosa manufactura de “datos” que casi siempre involucra instancias estatales de vigilancia, control y monitoreo de personas, organizaciones e instituciones. Esas instancias estatales parecen estar hoy más desbocadas que nunca. En una democracia consolidada los ciudadanos de a pie tenemos el derecho a saber quién manufactura esa información y cómo se pone a circular. No soy tan ingenuo como lo fueron cierto grupo de laboristas británicos que en los noventa trataron de impulsar una especie de control ciudadano sobre el Servicio Secreto británico. Tampoco pienso que una Comisión Parlamentaria solucionará todos los problemas, aunque me tilden de naïve me conformo al menos con eso.

Entre la anomia aniquilante en la que estamos inmersos y la búsqueda de una solución última, existe seguramente un camino imperfecto, pero transitable. Un arreglo institucional que asegure un umbral mínimo de legitimidad será mejor que no tener nada, que es lo que existe más allá de cierto nominalismo jurídico. Ventilar públicamente los “datos” de los grandes hechos de corrupción no sólo ayudaría a que los ciudadanos entendamos mejor la corrupción, serviría para domesticar nuestra preferencia por la corrupción como espectáculo.

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